Por, Gerson Balza - Abogado Invitado.
Como es de público conocimiento, el pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud -OMS- declaró el actual brote de la enfermedad por coronavirus COVID 19 como una pandemia, llevándonos a una emergencia sanitaria, social y de carácter mundial, que ha requerido una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.
Es así que en virtud del Decreto 417 de fecha 17 de marzo de 2020 emanado del Gobierno Nacional, este declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, lo que lo faculta, entre otras cosas, para dictar Decretos con fuerza de Ley para conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, bueno, por lo menos esto en la teoría, ya que en la práctica muchos de esos Decretos han servido de cortina para realmente esconder intereses ocultos que antes de favorecer el interés general, el cual debería regir el proceder de las entidades del Estado, conforme al Art. 1 de la C.P, lo que busca finalmente es favorecer intereses particulares.
Bajo una premisa que resultaría loable y acorde con el difícil momento que vivimos los colombianos, se expide el Decreto 569 del 15 de abril de 2020, por medio del cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, el cual en su artículo 9 se estableció la exención en el cobro de peajes en todo el territorio nacional, esto con el fin de paliar un poco la difícil situación económica que atraviesan diversos sectores de la economía.
Lo que no se nos anunció en los medios de comunicación es que este mismo Decreto (569 de 2020), en su artículo 15, estableció lo siguiente: “Artículo 15. Medidas de contratos de concesión. En los esquemas de concesiones previstos en la Ley 80 de 1993, y de asociación público privada que trata la Ley 1508 de 2012, debido a la adopción de medidas por parte del Gobierno nacional que conlleven la disminución en el recaudo de los proyectos, se prorrogará en tiempo que, sumado, puede superar los límites previstos en la normatividad vigente y sólo para prorrogar por el mismo tiempo en el que se generó el aislamiento preventivo obligatorio con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19”. Negrilla Fuera de texto original.
Como se logra observar, esta medida no estaba dirigida a aliviar las cargas de los transportadores y los productores de alimentos, así como tampoco de abaratar los costos en la cadena de producción de alimentos y otros productos, no, esta primordialmente dirigida a evitar que las concesiones viales, que no sobra decir que sus dueños son los grandes grupos económicos del país, que tampoco sobra decir son los patrocinadores del actual gobierno y de muchos otros, evitaran incurrir en pérdidas debido al poco tránsito de vehículos por las carreteras nacionales.
Corolario a lo anterior, el Decreto en mención amplia los términos de estas concesiones sólo para prorrogar por el mismo tiempo en el que se generó el aislamiento preventivo obligatorio con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, por lo menos esta expresión debería dejarnos tranquilos que solo sería por el mismo tiempo en el que básicamente las Concesiones dejaron de percibir recursos por la exención en el cobro de peajes.
Es así que se expide el Decreto 768 del 30 de Mayo de 2020 el cual señala en su artículo 4: “En los contratos de concesión de los que trata el Estatuto General de la Contratación las partes podrán acordar una prórroga en tiempo que sumada supere los límites previstos en la normatividad vigente Pública y en los esquemas de asociación publico privada de que trata la Ley 1508 de 2012, celebrados antes de la expedición de este Decreto Legislativo, , prórroga que se fundamentará exclusivamente en las medidas de no cobro de tasas y peajes adoptadas por parte del gobierno nacional”. Negrilla fuera de texto original.
Con esta nueva norma se modifica el término del tiempo en que se van a exceder estas concesiones, ahora lo deja a un acuerdo entre las partes, el cual claramente puede superar los límites de tiempo previstos en la normatividad referente a la contratación estatal, es decir, que el Gobierno nacional acordará con los concesionarios y/o contratistas ampliar por mucho tiempo estas nefastas concesiones.
Así las cosas, seguiremos pagando peajes costosos para transitar por vías, que en la mayoría de los casos no se ven las inversiones, por largo tiempo, con el único fin de seguir favoreciendo a los dueños de las concesiones.
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