Por, Carlos Carcamo - Abogado Equipo Osadía Jurídica
Desde la llegada del COVID-19 esté ha provocado un sismo en casi todos los aspectos de nuestras vidas, en lo personal, laboral, desde el punto de vista empresarial e incluso ha modificado las relaciones de pareja y de familia. Este ha generado una cantidad de situaciones inéditas en el mundo jurídico, cosas que antes no se habían visto y que como juristas debemos irnos adaptando con el pasar del tiempo. Pero también ha desvelado los grandes fallos por acción u omisión por parte del Estado relacionados con el sector de la salud y su precario sistema golpeado por la pandemia.
Es muy común para nosotros los abogados endilgar responsabilidades civiles a los profesionales de la salud, a los cuales respetamos muchísimo por la labor que realizan, y que en esta pandemia están trabajando con las uñas e incluso arriesgando sus vidas, pero… ¿y el Estado? ¿es responsable administrativamente? ¿debió el Estado prever esta situación? ¿se tomaron las medidas correctivas necesarias? ¿sirvieron los stickers de carita feliz y carita triste?
Desde el punto de vista constitucional, la responsabilidad Estatal está enmarcada en el Artículo 90 de la carta magna el cual reza: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.
Por lo tanto, la omisión de las autoridades públicas en la falta de prevención (falla en el servicio) ha llevado al sector público de la salud y a los profesionales de esta rama a estar en aprietos para prestar un servicio más acorde a las necesidades propias de la pandemia y sus efectos, muestra de ello es la falta de camas UCI en los Hospitales de regiones como la Amazonia o el Chocó. Ciudades con mucho más presupuesto como Barranquilla se han visto desbordadas por la cantidad de infectados que hay en la ciudad y sus Hospitales están desbordados. Lo mismo sucede con Cartagena la segunda ciudad más contagiada de la costa y que tiene en alerta roja su sistema público de salud. La falta de insumos médicos y de respiradores necesarios para prestar un mejor servicio, sería uno de los tantos obstáculos que tienen que sortear los profesionales de la salud, para tratar de salvar las vidas de las personas en esta pandemia.
Es cierto, la pandemia generada por el COVID-19 es un hecho inédito en la historia moderna de la humanidad, pero esto no puede ser tomado por excusa por parte del Estado para no mejorar o financiar mejor el sistema de Salud Pública. Mas aun cuando por la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional, se le ha dado las herramientas necesarias para atender sin tantas dilaciones los efectos de la misma y el manejo sin tantos inconvenientes del presupuesto de la salud. Tener Hospitales más fortalecidos, mejorar los programas de investigación epidemiológica, mejorar las políticas públicas, llevar de manera más eficiente el sistema de salud a zonas rurales y tener un sistema público más vigoroso serían las premisas a destacar, pero, ¿nos seguirán dando excusas?
Tendría que hacerse entonces, un estudio mucho más profundo con respecto al papel que juega el Estado al momento de prestar un servicio público como el de la salud y el nivel de responsabilidad que ostenta, ya que en cabeza de él se encuentra este servicio, desde su financiación hasta la política pública de la misma siendo utilizado como chivo expiatorio a los profesionales de la salud, para achacarles e imputarles los problemas de un sistema que tiene muchas fallas estructurales, esta desfinanciado y lo está carcomiendo la corrupción.
Así las cosas y teniendo en cuenta la teoría de responsabilidad estatal, enmarcada en el artículo 90 de la Constitución Nacional, el Estado ya no es aquel ser inalcanzable e impoluto. Gracias a la Constitución de 1991, el Estado está al alcance de las personas y lo coloca casi que a la par, dándole las herramientas necesarias para poder cuestionarlo y controvertirlo frente a frente, entre ellas el medio de control de reparación directa. Es crucial entonces que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho de exigir y hacer responsable al Estado por sus acciones y omisiones, en este caso como el gremio del sector de la salud que no tendría porque aguantarse tantos señalamientos de una carga que no les corresponde.
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