Breves comentarios por el abogado Miguel Ángel Chaves García
La sorpresiva pandemia que ataca a la población mundial, nos lleva a reflexionar lo vulnerable que es el ser humano como habitante del planeta tierra, el cual se encuentra destruido por el “desarrollo” y sobre el nuevo acomodamiento económico global, que ha llevado a los Gobiernos a legislar de manera imprevista y extraordinaria, conforme a las medidas sanitarias del momento.
Así las cosas, mediante el Decreto 806, expedido el 4 de junio de 2020, se han implementado nuevas medidas en la actividad judicial, distintas a las consagradas en el Código General del Proceso, en lo concerniente a la prestación de los servicios con el uso de medios tecnológicos y ello pretende atacar el atraso en que se encuentra la rama judicial, en parte por las barreras que los mismos servidores públicos han puesto y que conllevan a que la actividad que realizan, muchas veces no satisfaga las necesidades de los usuarios y abogados litigantes.
Siguiendo este mismo orden de ideas, es pertinente traer a colación un fragmento de la normatividad anteriormente referenciada, que estipula:
“En aquellos eventos en que los sujetos procesales o la autoridad judicial no cuenten con los medios tecnológicos para cumplir con las medidas establecidas en el presente decreto o no sea necesario acudir a aquellas, se deberá prestar el servicio de forma presencial, siempre que sea posible y se ajuste a las disposiciones que sobre el particular dicten el Ministerio de Salud y Protección Social, el Consejo Superior de la Judicatura, los Centros de Arbitraje y las entidades con funciones jurisdiccionales.”
Igualmente, el Decreto hace alusión a los principios de lealtad procesal y buena fe, cuando se refiere en los siguientes términos: “Los poderes especiales conferidos para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.” Lo cual se traduce en mayor agilidad en los procedimientos judiciales, ya que evita, por ejemplo, la presentación de poderes autenticados en notaria.
Por otra parte, el Decreto aduce que la forma como se deberá presentar la demanda es mediante mensaje de datos, junto con las pruebas que se pretendan hacer valer y los anexos, enviado todo lo anterior, a las direcciones electrónicas que el Consejo Superior de la Judicatura disponga, no obstante, a la fecha no se ha implementado una plataforma para la radicación de demandas en línea, ni para el reparto online de las mismas.
Adicionalmente, dentro de las modificaciones procesales, se encuentran las siguientes:
(i) El demandante será quien mediante correo electrónico, notifique de la demanda y envíe la misma al demandado y en igual sentido ocurrirá en caso de que se deba subsanar.
(ii) Las notificaciones por parte del juzgado serán mediante la dirección electrónica que suministre, evitando citatorios en físico.
(iii) Permite que la autoridad judicial de oficio, o a petición de parte, pueda solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales.
(iv) Las notificaciones se realizaran por estado, el cual no llevara la firma del secretario, ya que se fijará virtualmente, con inserción de la providencia que podrán ser consultadas en línea por los abogados y usuarios, exceptuando las providencias que decreten medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal.
En conclusión, el abogado en tiempos del Covid- 19 y post pandemia, deberá tener mayor inclusión en el mundo virtual y estar abierto a los cambios que ello implica, pues de lo contrario, morirá en el intento por litigar y sus ingresos se verán reducidos.
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