Por, LORD JURIDICO - Funcionario invitado.
El problema por el que atraviesa la Administración de Justicia en Colombia, agravada aún mas con la crisis de salud que a nivel nacional atravesamos y el terror de quienes la administran por el temor de contagiarse en cualquier momento, si se abren las diferentes sedes judiciales, la tiene paralizada.
Efectivamente al día de hoy se encuentran mas de 55 mil demandas represadas en la oficina de reparto en las áreas civil, familia y laboral, sin que a la fecha ni siquiera aparecen actas de reparto de procesos judiciales radicados hace más de dos meses con la consecuencia incertidumbre de los abogados litigantes del país.
La disminución del aforo decretado por quienes administran la justicia del personal que labora en las diferentes sedes judiciales conlleva necesariamente que los procesos sigan sin ninguna actuación judicial y mucho más estancados en los anaqueles de los Despachos Judiciales, los procesos más antiguos y que jamás serán digitalizados por el alto e innecesario costo que demanda esa gestión con lo cual claramente existe mora judicial, no achacable a los laboriosos y abnegados funcionarios judiciales y sin que a la fecha se vea pronta solución a éste problema de denegación de justicia por el claro desinterés del Estado.
La gestión digital judicial y la implementación de las tecnologías de la información a la fecha ha sido totalmente caótica ante la negligencia del manejo de una pagina web que realmente funcione, de la falta de implementación del juzgado virtual con expedientes digitales donde se garantice el acceso a cada proceso únicamente por los partes debidamente identificados, ha traído sin lugar a dudas que no exista administración de justicia que como derecho fundamental no tiene realmente doliente.
Una de las excusas de la mora judicial por parte de los funcionarios judiciales es que el Consejo Superior de la Judicatura, no les ha garantizado la bioseguridad para asistir a las sedes judiciales; que carecen de actualización de computadores, scanner eficientes y de software que haga más eficaz la función judicial, a más de la falta de implementación del expediente digital de fácil acceso para las partes y de un sistema de notificación personal de toda providencia directamente a los buzones oficiales de los abogados litigantes ha traído que la administración de justicia este totalmente atrasada, lenta y sin ningún tipo de calidad en muchas decisiones que se profieren con lo cual claramente se ven afectados los derechos de los usuarios y además contribuye sin lugar a dudas a la congestión judicial y dado que no existe un sistema ágil de la calificación de la labor de los titulares de los Despachos, para removerlos de esa delegación del Estado y que garantice eficiencia, prontitud y calidad en sus decisiones.
Los usuarios y abogados litigantes reclaman una modernización de la administración de justicia, que claramente no va llegar en corto o mediano plazo ante la falta de voluntad política, falta de presupuesto, burocracia, falta de trasparencia en la elección de funcionarios judiciales, concursos de méritos eternos, magistrados atornillados en sus puestos por vacíos legales, ausencia de una política del Estado que realmente garantice este derecho público a todos los asociados.
No se ve luz al final del túnel para los litigantes que se encuentran desprotegidos ante la ausencia de una Colegiatura obligatoria que los agremie, ausencia de política estatal que brinde seguridad social, vivienda digna, estabilidad mínima de ingreso mensual y para muchos litigantes resignados a cambiar de profesión ante la inestabilidad económica por la que se atraviesa dada la mora judicial.
La ausencia de una verdadera política del Estado que garantice que el derecho a la Administración de Justica sea realmente pronta y eficaz contribuye sin lugar a dudas al desequilibrio social y la violencia por la que el país está sumergido y ahogándose cada día más.
Sin duda el COVID19 superó las capacidades administrativas del rama judicial y que aún no se pone al día con lo que debió estar hace años.