Por, Lord Jurídico
Después de escasos 20 días de la reanudación de los términos judiciales, suspendidos con ocasión a la parálisis de la Administración de Justicia desde el 16 de marzo del 2020 de esta anualidad, claramente vemos que también nos atacó la pandemia de la inoperancia de los sistemas de información y de los obsoletos canales digitales que administra el burocrático Consejo Superior de la Judicatura, que han ocasionado el revoloteo de todos los abogados litigantes del país, quienes laboran en las diferentes áreas del derecho, para tratar de dar noticias a sus clientes, los cuales están ansiosos de recibir los resultados de la gestión profesional encomendada.
Efectivamente, este problema hace pensar que la Administración de Justicia necesita una reforma estructural a fondo que cambie radicalmente la forma de la administración del derecho público de la administración de justicia para beneficio de todos los usuarios que demandan la resolución pronta de los litigios sometidos a la jurisdicción.
Vemos absortos que dentro de esta problemática está la excesiva burocracia, el amiguismo politiquero, la falta de trasparencia en concursos de “méritos” que han convocado en clara ilusión de los inscritos, el mínimo presupuesto que ha asignado el Estado para el funcionamiento, la falta de preparación de muchos funcionarios judiciales y la mala calidad de sus decisiones, la ausencia total de sedes judiciales adecuadas para el desarrollo judicial, la ausencia de una efectiva política criminal de resocialización para los infractores de la ley, el negligente manejo y control de los centros carcelarios atiborrados de personas privadas de la libertad, muchos esperando el vencimiento de termino para salir libres, la ausencia de condenas ejemplares para delitos de cuello blanco, la demora judicial en resolver los pleitos judiciales que en muchos casos cumplen décadas en finiquitar los litigios en todas las jurisdicciones y que en el trascurrir de la mora judicial han fallecido casi todas las partes del pleito, la ausencia de una protección social del Estado para litigantes y de la ausencia de la Colegiatura Nacional, aunado a la falta de voluntad política para sacar a delante el proyecto de reforma a la Justicia por parte del Congreso de la República, nos lleva a pensar que también los abogados que litigamos definitivamente estamos llamados a desaparecer con esta pandemia.
Esta crisis nos lleva a pensar que la única solución, es la de recomponer el funcionamiento del derecho publico esencial de la administración de justicia[1], para que la administración judicial sea liderada y asumida por una nueva elite de profesionales éticos, para lo cual se deberá convocar una reingeniería nacional, en donde participe ampliamente el Estado sin injerencias politiqueras, manguala ni corruptela, magistrados, jueces , fiscales y la Colegiatura Nacional de Abogados como representante del gremio de abogados litigantes, para planear y conformar una nueva estructura que administre el derecho público esencial de la administración de justicia de manera dinámica, pronta, eficiente y con calidad.
Que se debe traducir en ausencia de corrupción en la administración de Justicia, eficiente administración de recursos y sanciones a los abusos de poder, seguridad jurídica, no discriminación, ejecución de las decisiones en un tiempo breve, etc.
No se puede dejar pasar por alto que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ha ocasionado condenas significativas para la Nación en grave detrimento del Erario y sin que a la fecha haya noticia de acciones de repetición contra quienes cometieron el error judicial, aumentando la brecha del daño social que ha ocasionado el mal funcionamiento de este servicio público esencial al cual la sociedad no puede renunciar en un estado de Derecho.
La modernización de la justicia realmente no ha llegado al poder judicial y los paliativos que a la carrera se pretenden implementar para brindar el servicio virtual de la administración de justicia, no han sido las más adecuadas ante la falta de capacitación, logística, equipos robustos y modernos, personal idóneo y capacitado en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), toda la ineficiencia actual que necesariamente debe cambiar.
Hoy amanecimos con el cierre de muchas sedes judiciales por la zozobra de “contaminación del Covid-19”[2], que muy seguramente se replicará en otras ciudades a nivel nacional y ante la amenaza de muchos funcionarios quienes no están dispuestos a volver a las vetustas sedes judiciales a trabajar, sin que el Consejo Superior de la Judicatura les garantice medidas idóneas de bioseguridad, olvidando que dicha parálisis afecta claramente a los abogados litigantes porque están corriendo los términos judiciales[3] y a los usuarios de este servicio público esencial.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que esta pandemia será la causa también del entierro del Consejo Superior de la Judicatura y del nacimiento de una nueva administración de justicia.
Los abogados litigantes somos optimistas que esto necesariamente tiene que cambiar con el trabajo conjunto de todos los interesados en que funcione !!!
[1] Art 229 Constitución Nacional
[2] Acuerdo PCSJA20-11597 de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre de los despachos judiciales que funcionan en los edificios Nemqueteba, Hernando Morales, Jaramillo Montoya, Camacol y El Virrey en Bogotá
[3] Acuerdo 11567 de 5 de junio de 2020. Levantan suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020.