Por, Aurelio Reyes Ico - Abogado invitado
El Alcalde es el Jefe de Policía, entendido desde el ejercicio del poder extraordinario (Art. 14 Ley 1801 de 2016) y la función de policía (Art. 16 Ley 1801 de 2016), mas no es el jefe del cuerpo de policía.
Las ordenes emitidas por el Alcalde que deben cumplir los comandantes de Policía (Art. 12 Ley 62 de 1993; Lit. B del Art. 91 Ley 136 de 1994 modificado por el Art. 29 dela Ley 1551 de 2012; Art. 204Ley 1801 de 2016), son aquellas emitidas en ese contexto, es decir, las proferidas mediante decretos y/o reglamentos municipales. No se puede hacer política con las víctimas, ni con el nombre de las instituciones.
El uso de la fuerza no requiere de la orden o autorización del Alcalde. Es la ley la que la autoriza (Artículo 166 Ley 1801 de 2016), como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de los mismos uniformados de la Policía Nacional, pero esta, está supeditada en su aplicación a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad (Artículo 8 Ley 1801 de 2016). Si hay exceso en su uso, claro que debe investigarse y, si corresponde, previo a la realización de un juicio justo y con la garantía del debido proceso, deberán imponerse las sanciones a que haya lugar. Cada funcionario debe asumir la responsabilidad de sus actos, esta es individual.
Casos como el de JUAN ORDÓÑEZ deben ser reprochados, investigados y, si corresponde, previo la realización de un juicio justo con la garantía del debido proceso que consagra el Artículo 29 de la Constitución Política, sancionados. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero, de igual forma, y atendiendo los postulados constitucionales, especialmente el Artículo 13 de la Constitución Política, que trata dela igualdad, se deben reprochar, investigar y sancionar, los casos de todas las personas muertas y lesionadas durante los recientes disturbios, entre ellos,el de la señora MARIA DEL CARMEN VIUCHE, asesinada por los vándalos que se hurtaron un bus del SITP y la arroyaron, y a quien la administración distrital en sus declaraciones no hace referencia; el de la niña YULIANA SAMBONÍ, víctima del arquitecto Rafael Uribe Noguera; el del Capitán JULIÁN ERNESTO GUEVARA, víctima de las farc; los de todos los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, víctimas de agresión sexual por parte de Luis Alfredo Garavito; el de los 22 CADETES de la Escuela General Santander, víctimas del ELN; el de la AZAFATA agredida porel médico Cárcamo Zea; el del DISTRITO DE BOGOTÁ, víctima del abogado Samuel Moreno Rojas y los ingenieros y empresarios Guido, Manuel y Miguel Nule, entre otros; el del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y los magistrados Jorge Pretelt, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, quienes pisotearon y mancillaron la justicia Colombiana; el de las señoras DALILA PEÑARANDA y CARMÉN PÉREZ, agredidas por Jalim Rebaje, Laura Arrieta y Asad Barake; el de la FAMILIA MORENO SÁNCHEZ, víctimas del piloto Ernesto Manzanera, quien conduciendo un vehículo en estado de embriaguez, atropelló a 4 de sus familiares causándoles la muerte y huyó del lugar; el de las FAMILIAS víctimas de violencia intrafamiliar; el de quienes no pueden descansar tranquilamente en su casa, porque uno de sus vecinos no conoce el límite de sus derechos y lleva 3 días de fiesta; el de quien debe regresar a casa cambiarse los zapatos, porque al salir a la calle pisó el excremento de una mascota que no fue recogido por su propietario; en fin, los casos de todas las víctimas de los diferentes casos de corrupción y otros delitos, casos de intolerancia y comportamientos contrarios a la convivencia que se presentan a diario; sigue lista y nunca acabaría.
Un superior, a quien respeto, admiro y aprecio mucho, al ser cuestionado por los honorables concejales de un municipio de Colombia durante una sesión, les expresó; “...la Policía no está en crisis, en crisis está el país...”. De eso ya han pasado 16 años, y aún continúan los graves casos de corrupción, las muertes violentas e infames, los niños, niñas y adolescentes ultrajados y sinninguna posibilidad de una adecuada alimentación y formación académica, los problemas de inseguridad, la falta de convivencia a causa de la mala vecindad, entre otros. Definitivamente, siempre será más fácil ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el nuestro. Así las cosas, y previo a lanzar algún juicio de valor frente a los recientes acontecimientos que tienen conmocionado el país, que importante sería reflexionar sobre lo expresado alguna vez por Winston Churchill, “Cada pueblo tiene elgobierno que se merece”. ¿Requiere la Policía Nacional una reforma? seguramente sí.
Debe tenerse en cuenta que, la sociedad es dinámica y está en constante cambio, por lo tanto, las instituciones que emanan de ella deben ajustarse a esos cambios, sin embargo, los actuales hechos de alteración en la seguridad y convivencia ciudadana ponen de presente que, quizás la que requiere un cambio no sea solo la Policía Nacional, ese cambio también lo necesitala estructura estatal (rama legislativa, ejecutiva y judicial), los dirigentes políticos, el candidato que ofrecen dinero a cambio de un voto y quien lo recibe, los sindicatos, las entidades financieras, los medios de comunicación, las instituciones educativas, los trabajadores y empleadores, el docente que no da clase a sus alumnos, el funcionario queno trabaja y cobra su salario como si nada, la persona que se cola en la filadel banco, el consumidor deestupefacientes que no respeta los espacios públicos, el vecino que irrespeta los otros vecinos, el infractor de las normas de tránsito que le ofrece dinero al agente de tránsito y, el servidor público que se lo recibe, los padres, madres e hijos; en fin, todos quienes habitamos este bello país, necesitamos un cambio. Por eso, Quién esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Todo lo anterior, para concluir que: “una institución es tan buena como el mejor de sus hombres, y tan mala como el peor”. La percepción que tienesdepende de la experiencia que hayas vivido.